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( 11/2006 ) -- La existencia del Decreto Ley 2.191 de Amnistía, como norma invocada y aplicada para eximir de responsabilidad penal a los responsables de los crímenes cometidos en dictadura, sigue siendo uno de los referentes que caracteriza el legado institucional dictatorial que impide la construcción de una auténtica democracia. La falta de voluntad y decisión política de los gobiernos precedentes, ha terminado avalando la existencia de este resabio inmoral e ilegítimo.

La decisión que prontamente debe adoptar el Gobierno para dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del ejecutado político Luis Almonacid, ha reactivado una discusión que ya enfrentamos el año 1992, cuando senadores socialistas tomaron la iniciativa de enfrentar el tema, vía anulación de sus efectos. Las opiniones a favor, en contra o dubitativas de entonces, son las mismas de hoy, pero los tiempos no son los mismos. En la actualidad existe mayoría parlamentaria, los crímenes de la dictadura son crecientemente repudiados, contamos con mayor conciencia acerca de los deberes del Estado con las normas del Derecho Internacional y los temores que antes dominaron algunos espíritus se han ido disipando.

El Decreto Ley de Amnistía fue concebido como un mecanismo de auto perdón, por un régimen de facto, que cesó el funcionamiento del Parlamento y que en el goce de plenos poderes gobernó por medio de decretos leyes. La gravedad o alcance de ellos difiere en su sentido más profundo con el decreto ley 2.191, porque con él se buscó perdonar crímenes contra la humanidad cometidos o por cometerse hasta el último día de dictadura. Lo que se resolvió fue legalizar los asesinatos, desapariciones y torturas; eximir de cualquier responsabilidad penal a los ejecutores y asegurarse una permanente y estable impunidad.

La derecha, fiel a su connivencia con el ex dictador Augusto Pinochet, se alarma cada vez que el tema se acerca a la única resolución posible, su anulación. Se imagina a miles de uniformados ya no marchando en sus cuarteles sino en los Tribunales, lo que por cierto es parte de su profusa fantasía. En realidad, su drama tiene que ver con la posibilidad de que sus aliados ya no cuenten con la protección heredada.

Por su parte, el Gobierno se debate entre los pro y los contra, en la búsqueda del ajuste perfecto para no arriesgar, ni enfrentar dificultades u obstáculos y ello paraliza, entorpece, hace perder lo central de lo accesorio, precisamente cuando tiene todas las herramientas para abordar la anulación con poderosos fundamentos ético-políticos, que sólo puede reportarle fortalezas jurídicas, institucionales y morales.

Derogar el decreto ley 2.191, además de legitimar el auto perdón, podría dar curso a variadas interpretaciones jurídicas favorables a los responsables de los crímenes, lo que finalmente enfrentaría al Estado chileno a nuevas sentencias de la Corte Interamericana por incumplimiento de deberes internacionales, vulnerando así el Estado de Derecho y la imagen de nuestro país.

Anular el Decreto Ley 2.191, es la opción que nos permitirá adecuar efectivamente nuestra legislación a los Tratados Internacionales, invalidar su formal legitimidad, asegurar justicia para todos los crímenes contra la humanidad, reforzar la institucionalidad democrática e imponer el Derecho y los valores como el centro de nuestra convivencia.

Los firmantes de esta declaración, demandamos al Ejecutivo, y especialmente a la presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, el envío de un proyecto de anulación del Decreto Ley 2.191 de amnistía y declaramos que cualquier otra fórmula será rechazada por atentar en contra del Derecho a la justicia.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS (AFDD)
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS (AFEP)
AGRUPACIÓN NACIONAL DE EX PRESOS POLÍTICOS (ANEXPP)
CORPORACIÓN RETORNADOS
CORPORACIÓN DE BENEFICIARIOS PRAIS
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ETICA CONTRA LA TORTURA
AMNISTÍA INTERNACIONAL SECCION CHILENA
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU)
CINTRAS
FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL DE IGLESIAS CRISTIANAS (FASIC)
FUNDACIÓN VICTOR JARA
ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS RAMA CHILENA
AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES (ANEF)
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT)
SENADOR JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
DIPUTADO SERGIO AGUILÓ
DIPUTADO TUCAPEL JIMÉNEZ
DIPUTADO JUAN BUSTOS
COLEGIO NACIONAL DE PROFESORES
COLEGIO REGIONAL METROPOLITANO DE PROFESORES
COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE
PARTIDO COMUNISTA
PARTIDO HUMANISTA
PARTIDO IZQUIERDA CRISTIANA
MEMORIA MIR
JOAN JARA
GRACIELA ÁLVAREZ
NELSON CAUCOTO
HIRAM VILLAGRA
HUGO GUTIÉRREZ
RUBÉN JEREZ
ALEXANDRO ÁLVAREZ
LUIS CORREA
JUAN SUBERCASEAX
JULIA URQUIETA
EDUARDO CONTRERAS
FABIOLA LETELIER
FEDERICO AGUIRRE
ALBERTO ESPINOZA
MANUEL JACQUES

http://www.lainsignia.org/2006/noviembre/ibe_052.htm

( 11/2006 ) -- Hubo un tiempo, en Chile, en que estuvimos a tiempo. Suena a redundancia, pero así fue. Ocurrió a partir del 11 de marzo de 1990, después que el general Pinochet se desprendió de la banda presidencial en solemne ceremonia y –de manos del presidente del nuevo Senado- se la ciñó el ciudadano Patricio Aylwin.
¿Qué tiene que ver eso con el escándalo de corrupción de Chiledeportes o con las facturas falsas en la rendición de cuentas electorales del senador Girardi? Han pasado casi diecisiete años y cualquiera puede responder "nada que ver".

Yo quiero demostrarle que sí tiene que ver, que están estrechamente relacionados ambos escándalos. ¿Qué estoy calificando de "escándalo" ese primer cambio de mando de la transición? Sí, lo estoy haciendo.

Me explico. De todo hay en la viña del Señor y tuvimos antes prueba de ello. Durante la lucha contra la dictadura, muy de vez en cuando sabíamos de algún dirigente sindical que –de modo preciso- fue "asaltado" tras recibir dinero de la solidaridad internacional. Eso ocurría en una plaza de Estocolmo o en una esquina de Santiago de Chile. O sabíamos de algún encargado internacional de partido que salía por el mundo pasando el platillo para un determinado proyecto y, de regreso, entregaba una parte y se guardaba el resto para sus "gastos" personales. Ni siquiera podíamos escribir sobre estos temas –autocensura total- porque armar un escándalo era "entregarle balas al enemigo". Y el enemigo era fiero, practicaba el degüello de disidentes hasta en 1985 y la desaparición de prisioneros hasta en 1987.

Por entonces ocurrió. Me refiero al origen. Comenzó la negociación entre los representantes de la disidencia y los de la dictadura. Como avales: el Vaticano y la Casa Blanca. Había que impedir que Chile se transformara en una segunda Nicaragua, con guerrilleros del FPMR tomándose el palacio presidencial. Se unieron los partidos –dejándose al margen al PC, padre de los guerrilleros- y llegamos finalmente, dos plebiscitos y elección mediante, a la inolvidable escena del 11 de marzo de 1990.

La clave estuvo en el segundo plebiscito, a mediados de 1989. Casi nadie lo recuerda. Nos convocaron para modificar la espuria Constitución del ’80. Las modificaciones habían sido pactadas entre la Concertación y la derecha pinochetista. Y se pactó que el general Pinochet continuaría al mando del Ejército por ocho años y que no fiscalizaríamos ninguno de sus actos administrativos. Es decir, aceptamos que el criminal y corrupto dictador siguiera a cargo de los arsenales de guerra, así como dimos la bendición a todo lo obrado durante su dictadura.

Ese fue el origen. En las bóvedas de CORFO, se guardaron decenas de miles de documentos que comprobaban cómo la derecha pinochetista había saqueado las empresas del Estado al momento de privatizarlas, amén de muchos ilícitos durante su militar administración. Yo misma vi, sólo por dar un ejemplo, una mesa de directorio cubierta por papeles –de casi medio metro de espesor- que probaban la corrupción en Televisión Nacional. Y así suma y sigue.

Sobre nada de eso podía escribirse. Autocensura total. Podíamos poner en riesgo la frágil y renaciente democracia. Y cuando fue inevitable el escándalo sobre los "pinocheques", donde el ex dictador tenía estampada su firma en los cheques a favor de su hijo por casi tres millones de dólares, el presidente Frei intervino y dio "razones de Estado" para que el CDE retirara la querella.

Cuando la Concertación aceptó la impunidad de Pinochet, respecto de las violaciones de derechos humanos y su corrupción administrativa, así como la de su familia, abrimos la puerta para que cualquiera se sintiera con derecho a meter las manos en la caja estatal. Cuando se aceptó compartir salones y cócteles con los nuevos ricos de la dictadura, posando todos juntos para las páginas de "vida social", se abrió la puerta hacia el infierno.

Como canta el tango Cambalache, ya dio lo mismo ser asesino que ladrón. Si tenías poder para asegurarte la impunidad, adelante…

¿Tenemos posibilidades de construir un país ético y estético a la vez? Sí, tenemos. Para eso hemos recibido clave ayuda internacional, porque si de nosotros dependiera "no se movería una hoja". Primero tuvimos la ayuda de España para arrestar en Londres al ex dictador, aguando la fiesta de Pinochet como flamante senador vitalicio. Eso fue en 1998. Luego tuvimos la ayuda del Senado de Estados Unidos, con la completa investigación sobre las cuentas secretas de Pinochet. Eso fue en 2004. Y ahora recibimos el auxilio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordándonos que el decreto de auto-amnistía debe ser anulado o derogado.

¿Qué tiene que hacer la alianza gobernante? Dar luz verde para que los tribunales condenen a Pinochet de una vez por todas. Por sus crímenes de lesa humanidad y por el saqueo de la caja estatal. No irá a la cárcel –la ley protege su ancianidad- pero se hará lo que es debido. Eso para empezar a hablar. Y luego seguimos con la Modernización del Estado y con las reformas al interior de los partidos para que no sean copados por "picantes" –como calificó un dirigente político- que sólo buscan lucimiento y coimas. Suma y sigue

…
Patricia Verdugo. Chile
http://www.pieldeleopardo.com/
Noviembre 2006