Por la anulación de la amnistía
( 11/2006 ) -- La existencia del Decreto Ley 2.191 de Amnistía, como norma invocada y aplicada para eximir de responsabilidad penal a los responsables de los crímenes cometidos en dictadura, sigue siendo uno de los referentes que caracteriza el legado institucional dictatorial que impide la construcción de una auténtica democracia. La falta de voluntad y decisión política de los gobiernos precedentes, ha terminado avalando la existencia de este resabio inmoral e ilegítimo.
La decisión que prontamente debe adoptar el Gobierno para dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del ejecutado político Luis Almonacid, ha reactivado una discusión que ya enfrentamos el año 1992, cuando senadores socialistas tomaron la iniciativa de enfrentar el tema, vía anulación de sus efectos. Las opiniones a favor, en contra o dubitativas de entonces, son las mismas de hoy, pero los tiempos no son los mismos. En la actualidad existe mayoría parlamentaria, los crímenes de la dictadura son crecientemente repudiados, contamos con mayor conciencia acerca de los deberes del Estado con las normas del Derecho Internacional y los temores que antes dominaron algunos espíritus se han ido disipando.
El Decreto Ley de Amnistía fue concebido como un mecanismo de auto perdón, por un régimen de facto, que cesó el funcionamiento del Parlamento y que en el goce de plenos poderes gobernó por medio de decretos leyes. La gravedad o alcance de ellos difiere en su sentido más profundo con el decreto ley 2.191, porque con él se buscó perdonar crímenes contra la humanidad cometidos o por cometerse hasta el último día de dictadura. Lo que se resolvió fue legalizar los asesinatos, desapariciones y torturas; eximir de cualquier responsabilidad penal a los ejecutores y asegurarse una permanente y estable impunidad.
La derecha, fiel a su connivencia con el ex dictador Augusto Pinochet, se alarma cada vez que el tema se acerca a la única resolución posible, su anulación. Se imagina a miles de uniformados ya no marchando en sus cuarteles sino en los Tribunales, lo que por cierto es parte de su profusa fantasía. En realidad, su drama tiene que ver con la posibilidad de que sus aliados ya no cuenten con la protección heredada.
Por su parte, el Gobierno se debate entre los pro y los contra, en la búsqueda del ajuste perfecto para no arriesgar, ni enfrentar dificultades u obstáculos y ello paraliza, entorpece, hace perder lo central de lo accesorio, precisamente cuando tiene todas las herramientas para abordar la anulación con poderosos fundamentos ético-políticos, que sólo puede reportarle fortalezas jurídicas, institucionales y morales.
Derogar el decreto ley 2.191, además de legitimar el auto perdón, podría dar curso a variadas interpretaciones jurídicas favorables a los responsables de los crímenes, lo que finalmente enfrentaría al Estado chileno a nuevas sentencias de la Corte Interamericana por incumplimiento de deberes internacionales, vulnerando así el Estado de Derecho y la imagen de nuestro país.
Anular el Decreto Ley 2.191, es la opción que nos permitirá adecuar efectivamente nuestra legislación a los Tratados Internacionales, invalidar su formal legitimidad, asegurar justicia para todos los crímenes contra la humanidad, reforzar la institucionalidad democrática e imponer el Derecho y los valores como el centro de nuestra convivencia.
Los firmantes de esta declaración, demandamos al Ejecutivo, y especialmente a la presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, el envío de un proyecto de anulación del Decreto Ley 2.191 de amnistía y declaramos que cualquier otra fórmula será rechazada por atentar en contra del Derecho a la justicia.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS (AFDD)
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS (AFEP)
AGRUPACIÓN NACIONAL DE EX PRESOS POLÍTICOS (ANEXPP)
CORPORACIÓN RETORNADOS
CORPORACIÓN DE BENEFICIARIOS PRAIS
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ETICA CONTRA LA TORTURA
AMNISTÍA INTERNACIONAL SECCION CHILENA
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU)
CINTRAS
FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL DE IGLESIAS CRISTIANAS (FASIC)
FUNDACIÓN VICTOR JARA
ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS RAMA CHILENA
AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES (ANEF)
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT)
SENADOR JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
DIPUTADO SERGIO AGUILÓ
DIPUTADO TUCAPEL JIMÉNEZ
DIPUTADO JUAN BUSTOS
COLEGIO NACIONAL DE PROFESORES
COLEGIO REGIONAL METROPOLITANO DE PROFESORES
COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE
PARTIDO COMUNISTA
PARTIDO HUMANISTA
PARTIDO IZQUIERDA CRISTIANA
MEMORIA MIR
JOAN JARA
GRACIELA ÁLVAREZ
NELSON CAUCOTO
HIRAM VILLAGRA
HUGO GUTIÉRREZ
RUBÉN JEREZ
ALEXANDRO ÁLVAREZ
LUIS CORREA
JUAN SUBERCASEAX
JULIA URQUIETA
EDUARDO CONTRERAS
FABIOLA LETELIER
FEDERICO AGUIRRE
ALBERTO ESPINOZA
MANUEL JACQUES
http://www.lainsignia.org/2006/noviembre/ibe_052.htm
La decisión que prontamente debe adoptar el Gobierno para dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso del ejecutado político Luis Almonacid, ha reactivado una discusión que ya enfrentamos el año 1992, cuando senadores socialistas tomaron la iniciativa de enfrentar el tema, vía anulación de sus efectos. Las opiniones a favor, en contra o dubitativas de entonces, son las mismas de hoy, pero los tiempos no son los mismos. En la actualidad existe mayoría parlamentaria, los crímenes de la dictadura son crecientemente repudiados, contamos con mayor conciencia acerca de los deberes del Estado con las normas del Derecho Internacional y los temores que antes dominaron algunos espíritus se han ido disipando.
El Decreto Ley de Amnistía fue concebido como un mecanismo de auto perdón, por un régimen de facto, que cesó el funcionamiento del Parlamento y que en el goce de plenos poderes gobernó por medio de decretos leyes. La gravedad o alcance de ellos difiere en su sentido más profundo con el decreto ley 2.191, porque con él se buscó perdonar crímenes contra la humanidad cometidos o por cometerse hasta el último día de dictadura. Lo que se resolvió fue legalizar los asesinatos, desapariciones y torturas; eximir de cualquier responsabilidad penal a los ejecutores y asegurarse una permanente y estable impunidad.
La derecha, fiel a su connivencia con el ex dictador Augusto Pinochet, se alarma cada vez que el tema se acerca a la única resolución posible, su anulación. Se imagina a miles de uniformados ya no marchando en sus cuarteles sino en los Tribunales, lo que por cierto es parte de su profusa fantasía. En realidad, su drama tiene que ver con la posibilidad de que sus aliados ya no cuenten con la protección heredada.
Por su parte, el Gobierno se debate entre los pro y los contra, en la búsqueda del ajuste perfecto para no arriesgar, ni enfrentar dificultades u obstáculos y ello paraliza, entorpece, hace perder lo central de lo accesorio, precisamente cuando tiene todas las herramientas para abordar la anulación con poderosos fundamentos ético-políticos, que sólo puede reportarle fortalezas jurídicas, institucionales y morales.
Derogar el decreto ley 2.191, además de legitimar el auto perdón, podría dar curso a variadas interpretaciones jurídicas favorables a los responsables de los crímenes, lo que finalmente enfrentaría al Estado chileno a nuevas sentencias de la Corte Interamericana por incumplimiento de deberes internacionales, vulnerando así el Estado de Derecho y la imagen de nuestro país.
Anular el Decreto Ley 2.191, es la opción que nos permitirá adecuar efectivamente nuestra legislación a los Tratados Internacionales, invalidar su formal legitimidad, asegurar justicia para todos los crímenes contra la humanidad, reforzar la institucionalidad democrática e imponer el Derecho y los valores como el centro de nuestra convivencia.
Los firmantes de esta declaración, demandamos al Ejecutivo, y especialmente a la presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, el envío de un proyecto de anulación del Decreto Ley 2.191 de amnistía y declaramos que cualquier otra fórmula será rechazada por atentar en contra del Derecho a la justicia.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS (AFDD)
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS (AFEP)
AGRUPACIÓN NACIONAL DE EX PRESOS POLÍTICOS (ANEXPP)
CORPORACIÓN RETORNADOS
CORPORACIÓN DE BENEFICIARIOS PRAIS
ASAMBLEA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN ETICA CONTRA LA TORTURA
AMNISTÍA INTERNACIONAL SECCION CHILENA
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU)
CINTRAS
FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL DE IGLESIAS CRISTIANAS (FASIC)
FUNDACIÓN VICTOR JARA
ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS RAMA CHILENA
AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES (ANEF)
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT)
SENADOR JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
DIPUTADO SERGIO AGUILÓ
DIPUTADO TUCAPEL JIMÉNEZ
DIPUTADO JUAN BUSTOS
COLEGIO NACIONAL DE PROFESORES
COLEGIO REGIONAL METROPOLITANO DE PROFESORES
COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE
PARTIDO COMUNISTA
PARTIDO HUMANISTA
PARTIDO IZQUIERDA CRISTIANA
MEMORIA MIR
JOAN JARA
GRACIELA ÁLVAREZ
NELSON CAUCOTO
HIRAM VILLAGRA
HUGO GUTIÉRREZ
RUBÉN JEREZ
ALEXANDRO ÁLVAREZ
LUIS CORREA
JUAN SUBERCASEAX
JULIA URQUIETA
EDUARDO CONTRERAS
FABIOLA LETELIER
FEDERICO AGUIRRE
ALBERTO ESPINOZA
MANUEL JACQUES
http://www.lainsignia.org/2006/noviembre/ibe_052.htm
